LOS FUNCIONARIOS DE GUTIERREZ SE HACEN MILLONARIOS

Desde la asunción de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez en la intendencia de Quilmes, uno de los funcionarios que más disgustos le ha traído fue el director de Tránsito, Pedro Guevara.
Denuncian penales, acusaciones de coima, ineficiencia en las funciones, robos inexplicables en dependencias públicas; pero por sobre todo; la familia.
Una de sus hijas –Sabrina Guevara- fue designada como Directora Operativa de Tránsito, cuando su tío Daniel, fue designado a cargo de la Patrulla Municipal.
Sobre Sabrina existen varias denuncias. Remiseros que sufrieron aprietes y pedidos de coima. El uso de una grúa municipal para retirar su auto particular de un  garage y hasta un video donde se la ve estacionar frente a un cartel prohibitivo y volver a la media hora, mientras que un inspector lo cuidaba.
Lo que siempre ha sorprendido es el exponencial incremento patrimonial de los Guevara. Desde hace años dejaron la casa familiar de Hernández y Sarmiento para ocupar nuevas y costosas viviendas y circular en lujosos automóviles cuando sus salarios no condicen con esta nueva condición de vida.
En los últimos días Sabrina ha adquirido un lujoso Peugeot 308 coupe (patente IKH 232) cuyo valor supera holgadamente los 250 mil pesos.
Pero no es el único gasto que esta realizando por estos días. La funcionaria e hija del Director de Tránsito; se esta reconstruyendo a todo lujo, una propiedad en Santiago del Estero y Río Colorado en  Ezpeleta, provista de amplios garages para alojar una verdadera flota de vehículos.
Si bien el vehículo no esta oficialmente a su nombre, es ella quien lo conduce, acude al Municipio o a su nueva casa –como se observa en la foto- donde tiene la suerte de ser escoltada por un móvil de la patrulla municipal.
El salario de una Directora Operativa ronda los 15 mil pesos mensuales. Suficiente para llevar una vida decorosa pero difícilmente para comprar –aunque sea en cuotas- un auto de 250 mil pesos.
En el medio las denuncias vecinales sobre coimas en los llamados “operativos” pueblan las páginas de los medios locales. En muchos de ellos puede verse a Sabrina Guevara comandar la tropa de empleados, más dispuestos a recibir algún billete que la cédula verde o el seguro del conductor.
En estricto “off the record” antiguos inspectores de carrera reconocen que se los obliga a coimear. Caso contrario se los castiga quitándoles las horas extras, enviándolos a las puertas de escuelas o al interior de las grúas.
Ninguna de estas coincidencias es una prueba, pero por lo menos genera sospechas.
Hace dos años atrás el semanario El Suburbano publicó la fotografía de la lujosa vivienda de Pedro Guevaraen uno de los barrios más caros de Bernal. Ni Guevara ni ningún funcionario municipal salió a negar la información.
LA EMPRESA FANTASMA
En el año 2010 este medio publicó el listado de cheques cobrados por el cuñado de Guevara en la Tesorería Municipal por el alquiler de micros escolares. Eran unos 200 mil pesos que un indigente recién inscripto en la AFIP como Monotributista, se llevaba de las cuantas públicas.
Nuestra investigación derivó en una causa penal donde ha sido acreditado que los micros eran propiedad de Pedro y de Sabrina Guevara y fueron alquilados mediante un tercero por la imposibilidad legal que tienen los funcionarios de contratar con el Estado.
Sin el menor disimulo Guevara reconoció ante un medio la maniobra ilegal, justificándola por su condición de viejo proveedor de este servicio.
ACOSOS Y MISTERIOSAS DESAPARICIONES
El otro integrante de la familia, Daniel Guevara; debió ser eyectado de la Dirección de Seguridad cuando 12 trabajadores se presentaron en los juzgados penales para denunciar que el funcionario los acosaba sexual y laboralmente.
La denuncia mostraba la metodología similar a la relatada por los trabajadores de Tránsito: El que no accedía a los pedidos era castigado y enviado a patrullar villas o barrios peligrosos en los peores horarios.
Pero el detonante anterior ocurrió en 2011, cuando desaparecieron del depósito de la Dirección de Tránsito 12 motocicletas secuestradas en los días previos en los llamados “operativos”.
Ese fin de semana no había guardia policial y el único que tenía las llaves del lugar –cercado por paredes de 5 metros de altura- era Daniel Guevara.
El martes la propietaria de una de esas motos se presentó con la multa paga para retirar su vehículo. Para su sorpresa le dijeron que no estaba.
Lo insólito fue que –cuando el portal de noticias “Quilmes Ahora” denunció lo ocurrido- a las 72 horas la llamaron para entregarle la moto desaparecida, que misteriosamente había ubicado la policia luego de la tardía denuncia efectuada por Pedro Guevara. Jamás se supo donde, como y quienes perpetraron el robo.

INDAGATORIA PARA OLIVARES Y ROJAS POR LA “CAUSA QUEMA”

El titular de la fiscalìa Nº 6, Jorge Saizar; citò a declaraciòn indagatoria para el pròximo 17 de septiembre al secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares; y al director de Higiene Urbana, Horacio Rojas; en el marco de la causa  13-00-005019-14 por el arrojo de residuos contaminantes en el predio de la quema municipal.

Los funcionarios de la gestión Gutiérrez estàn acusados de los delitos de “Falta a los Deberes del Funcionario Pùblico y Abuso de Autoridad”.

Segùn el fiscal “De los mismos elementos de prueba citados, existen motivos bastantes para sospechar que Claudio Olivares y Horacio Rojas han participado en su comisiòn, por lo que habrè de recibirles la declaraciòn prevista en el artìculo 308 del Còdeigo de Procedimiento Penal”

Como se recordarà en abril pasado el diputado Sergio Villordo, junto a su par Fernando Pèrez y concejales quilmeños; realizaron una presentacion ante la justicia solicitando investigar al intendente Francisco Gutiérrez, al gobernador Daniel Scioli y a los funcionarios ahora citados, luego de comprobar mediante un acta notarial, el arrojo de desechos contaminantes y tòxicos en el predio de la llamada “quema municipal” que unos dìas después –y merced a otra presentaciòn judicial- fue clausurada por el juez federal Luis Armella.

Los funcionarios municipales serán indagados y deberán responder por la comisión del delito previsto en el artìculo 248º  dado existe en la presente causa prueba categòrica que abastace los indicios vehementes para establecer la perpetración del hecho ocurrido en el predio donde funcionaba la quema municipal y en donde se ha establecido entre otras cosas que han permitido -atento el cargo que ostentaban e incluso estando los funcionarios presentes en el lugar- que se arrojara todo tipo de basura ya sea  desechos domiciliarios como hospitalarios y/o químicos, en algunas oportunidades ante la presencia de efectivos de Bomberos voluntarios de Quilmes que se encontraban apagando focos ígneos que habitualmente se producían en el lugar;  desarrollando esta actividad por medio de camiones de la propia Municipalidad de Quilmes , de sus concesionarios y también por particulares, cuando el predio habia sido clausurado en varias ocasiones por la autoridad provincial

LA JUSTICIA COMENZO A INVESTIGAR OTRA CAUSA CONTRA GUTIERREZ

El fiscal Sebastián Videla ordenó la semana pasada una serie de medidas en relación a la denuncia que presentaran el año anterior algunos  concejales contra la administración del intendente Francisco “Ali Barba”  Gutiérrez; esta vez por la contratación irregular de una imprenta vinculada directamente al sobrino del jefe comunal, David Gutiérrez, que ya viene siendo denunciada desde hace varios años.

Se trata de la empresa que imprime el panfleto oficial, “La Hoja” y que en los últimos años facturó a la comuna quilmeña la suma de 13 millones de pesos sin licitación ni concurso de precio.

Como si fuera poco el establecimiento donde funciona la imprenta es propiedad de una funcionaria municipal que reporta en la misma área donde se contratan los trabajos.

¿Quiénes son los Battaglia y los Díaz?

Con la documentación –surgida de la propia rendición de cuentas de

la comuna- y otros elementos probatorios –entre los que se encuentra el trabajo de QUILMES AHORA,  los concejales Gustavo Filaretti, Matias Festucca y Hernán Lupo (Frente K Quilmeño); Mario Sahagun (FAP); Diego Buffone (Coalición Cívica); Fernando Pérez y Oscar Garcia (UCR) pidieron a la justicia que se investiguen las irregularidades cometidas por los funcionarios municipales entre las que se incluye además los continuos cambios de razón social que ha tenido la empresa; hoy está inscripta como Microzite SRL.

En diálogo con el programa “SIN VUELTAS”  el concejal Gustavo Filareti, quien denunció en la sesión del Concejo Deliberante la anormalidad, indicó: “Esta es una familia, los Battaglia y los Díaz, que desde el año 2008 hasta ahora millones de pesos. Nosotros accedimos a las ordenes de compra que la Municipalidad emite para contratar a esta gente durante el año 2012 por un total de 3.200.000 pesos, divididas en casi 170 ordenes de compras para evadir la ley provincial que establece la necesidad de llamar a licitación cuando los montos superen los 300 mil pesos, la compulsa de precios si se ubican por encima de los 100 mil, o la licitación privada entre los 200 y los 300 mil”.

El edil agregó “hemos visto 20 ordenes de compras en un mes por un servicio que se contrata una sola vez. Hay una clara intención del gobierno de desdoblar las ordenes de compra para evitar convocar a otras empresas; cuando la licitación o el concurso tienen como beneficio poder comprar más barato al ser por cantidad, y además para beneficiar a esta gente que de

otro modo nunca podría cumplir con los requisitos para presentarse en una licitación”.

Todo queda en familia

Filareti confirmó que la propietaria del inmueble donde funciona Microzite SRL es la doctora Claudia Tella, asesora del secretario David Gutiérrez e hija del cuestionado subsecretario de Colectividades, Aldo Tella; que viene apareciendo en los medios locales vinculado a sospechosos negocios privados con protección municipal.

Filaretti indicó al respecto que “nosotros accedimos a la documentación sobre la propiedad. Se trataba de un lugar que había estado abandonado por una quiebra que posteriormente se levanto, que pertenece a la familia Tella y que ahora aparece a nombre de su hija; funcionaria de la secretaría privada que es donde se contrata la impresión de la gráfica municipal”.

Pero esta no es la única relación sospechada. En el año 2009 varios medios quilmeños investigaron a fondo a la empresa de Roxana Battaglia y los hermanos Díaz, que antes de asumir Francisco Gutiérrez la intendencia, funcionaban en una pequeña vivienda de Berazategui en forma clandestina.

Uno de los Díaz es amigo íntimo del secretario David Gutiérrez, quien los ayudó a partir de su cargo oficial a convertirse en una empresa gráfica importante cuando hasta el año 2007, apenas poseían dos máquinas “Minerva” con las que sólo pueden imprimirse tarjetas personales, facturas u otras publicaciones no superiores al tamaño de una hoja oficio.

La familia sin embargo recibió de la comuna órdenes de trabajo como afiches de gran tamaño o la propia publicación oficial que se distribuye junto a las tasas municipales.

Sin capacidad de poder imprimir en tamaño y calidad, Roxana Battaglia, su esposo y su cuñado sub contrataban en una imprenta capitalina los trabajos, les agregaban su ganancia, y luego los entregaban a la comuna.

Las investigaciones periodísticas del año 2009 comprobaron que el gobierno municipal abonaba a esa empresa entre el 40 y el 45 por ciento más del valor que hubiese licitado cualquiera de las imprentas importantes de Quilmes.

NUEVA DENUNCIA DE COIMA EN TRANSITO DE QUILMES

El lunes 21 de abril el vecino Fabio Pelozo, denunció que debio pagar una coima de 100 pesos para que los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Quilmes –a cargo de multidenunciadoPedro Guevara- no le secuestraran la moto de su propiedad.

Pelozo relató que este lunes a las 16,45; mientras circulaba por Avenida Calchaqui y Carlos Pellegrini; lo pararon en un operativo de tránsito de los que comúnmente realiza la “patota de Guevara” con el fin de coimear a cuanto infractor encuentren.

El vecino mostró toda la documentación. Título, registro, seguro y hasta el casco con la inscripción de la patente. Pero el inspector le pide el chaleco que –según el decreto provincial- deben llevar los acompañantes y no los titulares.

Con este argumento Pelozo intentó defenderse, pero fue inútil. “Me vas a decir a mi que soy inspector lo que dice la ley”; para luego pedirle 600 pesos a cambio de no secuestrarle la moto y

multarlo.

Los recaudadores de Guevara siguieron insistiendo por un rato más, amenazando al vecino con el secuestro de la moto. La necesidad de trabajar y movilizarse de Pelozo lo obligó finalmente a pagarle al corrupto inspector la suma de 100 pesos.

“Les confieso algo me hervía por dentro…. unas ganas de cagarlo a trompadas.. me contuve, ... me dejaron y se fueron. Volvió uno y me dice: ¿Tenés 300?  -le dije No llego. Me dice 200 fijate ... Le contesto que  tengo 50 y  me dicee que eso no sirve. Le digo tengo $100 y me dejas sin comer me estoy yendo a laburar...me dice bueno dame $100 ....Ahora yo entendí mal la ley o estos ratas me cagaron. Aclaro no me duele los 100 pesos;  me duele que alimenté al sistema corrupto que tenemos” –relató Pelozo.

Cabe señalar que la Municipalidad de Quilmes no adhirió todavía al Decreto 220/14 por el que se fijó la “Emergencia de Seguridad”

Tal como señaló el vecino, la norma prevé que el chaleco es obligatorio para el acompañante y no para el conductorSin duda Guevara y su banda de corruptos lo sabe; pero como ha ocurrido en otros casos; la ley no se tiene en cuenta…el objetivo es coimear.