jueves, 16 de diciembre de 2021

La Cámara de Casación confirmó el procesamiento de “Alí Barbá” Gutiérrez

 La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento del ex intendente de Quilmes, Francisco “Ali Barba” Gutiérrez al  rechazar el planteo que presentara junto a otros tres jefes comunales  por el fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos llamado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) entre 2013 y 2015.

En la causa Gutiérrez fue procesado  el fallecido juez Claudio Bonadío, hace más de dos años junto a los jefes comunales  Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama. En 2019 los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron ese procesamiento y señalaron en el fallo que la maniobra realizada por los funcionarios “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”.

En la a causa se  investiga el desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios.

De esta manera la causa deberá ser elevada a juicio oral en los próximos meses.

Gutiérrez había pedido un subsidio millonario al Estado Nacional para construir en los terrenos de la ex quema municipal, una suerte de estación de reciclado de residuos con el objetivo de finalizar la medida cautelar que le impedía arrojar basura en ese predio, clausurado por el Juzgado Federal de Quilmes.

Sin embargo -fuera de la faraónica maqueta – jamás se puso un ladrillo ni una chapa al tiempo que el dinero se malversó hacia otros destinos y/o se licuó por la inflación.

Gutiérrez enfrenta además otro procesamiento junto a directivos de la UOM nacional por lavado de dinero y administración fraudulenta y es investigado por el juez federal de Quilmes en la llamada “Causa Cooperativas” donde 5 de sus ex secretarios se encuentras procesados

lunes, 8 de junio de 2020

El juez Armella procesó a siete funcionarios de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez


El juez federal de Quilmes, Luis Armella; procesó y estableció fianzas contra siete funcionarios de la gestión de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez y una veintena de proveedores municipales en la causa por las cooperativas truchas de Argentina Trabaja.
La causa se inició en octubre del año 2012  luego de una denuncia que realizaran los entonces concejales Fernando Pérez, Oscar García, Diego Buffone y Mario Sahagún y que tuvo amplia repercusión pública merced a un trabajo del colega Nicolas Wiñasky.
La denuncia –que se realizara en los tribunales federales de Comodoro Py- tuvo un durísimo dictamen del fiscal Carlos Stornelli; (ver https://quilmes-ahora.blogspot.com/2016/06/armella-sigue-planchando-la-causa-de.html y https://es.scribd.com/document/135029370/Dictamen-Stornelli-Planes-de-Trabajo-Quilmes)   y luego fue remitido al Juzgado Federal de Quilmes donde no tuvo la celeridad que se esperaba.
Finalmente; y luego de tomar declaración indagatoria en octubre pasado a los funcionarios señalados; el juez Armella determinó el procesamiento de estos, imponiéndoles altísimas fiazas que difícilmente podrán explicar de donde surgen si llegasen a pagarlas
Para la justicia hay elementos suficientes para considerar que se cometieron ilícitos como defraudación al Estado.
Ya unos meses antes el Tribunal de Cuentas de la Provincia había observado las irregularidades de las maniobras por parte de la gestión Gutiérrez (ver https://quilmes-ahora.blogspot.com/2012/03/los-negociados-de-gutierrez-en-la-mira.html)
Ahora el juez Armella en su resolución habla de un “ardid desplegado de consumo entre los diversos actores consistió en hacer figurar en la documentación respaldatoria de algunas obras (especialmente en las facturas y demás constancias necesarias para la emisión de la orden de pago), la provisión de bienes o servicios de parte de ciertos proveedores sin que existiese la contraprestación o aún cuando la misma fuese en detrimento de lo pactado, a sabiendas de ello; aprovechándose para tal fin de las circunstancias especiales dadas por la implementación del plan nacional aludido”.
Fianzas
El magistrado  eximió de prisión preventiva a los funcionarios dado  que siempre estuvieron “a derecho” y considera que no hay peligro de fuga; pero aplicándoles una  fianza monetaria.
Están procesados por “defraudación a la administración pública y incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos”: 
Guillermo Robledo, ex secretario de Producción; y el máximo responsable de ejecutar el programa Argentina Trabaja Dos millones de pesos de fianza.
Alejandro Tózzola, quien era el secretario de Hacienda: Una fianza de un millón de pesos.
Claudio “Lalo” Olivares. Ex secretario de Medio Ambiente: una fianza de un millón de pesos.
Roxana González. Ex secretaría de Obras Públicas: una fianza de un millón de pesos. Leda Cejas y José Luis Pavón. Quienes  tenían a su cargo la administración del Programa: Una fianza de 700 mil pesos a cada uno.
Julio Alberto Sevilla. Director de un programa para la reinserción laboral de condenados: una fianza de 500 mil pesos.
El juez también procesó a Carlos Alberto Toledo: una fianza de un millón de pesos.
Andrés Sersing, un millón de pesos; Fabián Blanco, quinientos mil pesos; Diego Hernán Portillo, 500 mil pesos; Aniceto Antonio Cañete, quinientos mil pesos; María Florencia García Ripa, doscientos mil; Fabián Claudio Giurcin, doscientos mil; Pedro Ubaldo Carroza, doscientos mil; Silvia Quiroga, doscientos mil; Diego Damián Bareiro, doscientos mil; Juan Javier Díaz, doscientos mil; Ernesto Edgardo Palacios, doscientos mil; Ariel Héctor Monteagudo, ciento cincuenta mil; María Pía Vilardebo, ciento cincuenta mil; Víctor Daniel Díaz, ciento cincuenta mil; Omar Alejandro Ditoro; ciento cincuenta mil; Gustavo Daniel Ditoro, ciento cincuenta mil.
Fueron también procesados y eximidos de prisión con el pago de fianza de cincuenta mil pesos cada uno, los siguientes presidentes de cooperativas vinculadas a Argentina Trabaja: Hugo Darío Gómez; María Inés Morcillo; Mabel Irene García; Hilario Cáceres, Eduardo Acosta; Silvina Beatriz De los Santos; Ariel Andrés Barraza; Edgardo Gustavo Torres; Dario Vicente Blanco; Aniceto Amadeo Campos; Sergio Daniel Aguilera; Nasaria Lucila Vargas y Olga Beatriz Benitez.

miércoles, 20 de julio de 2016

Procesaron a ex funcionario de Gutiérrez por adulterar automóviles

El fiscal Gaston Zivec, titular de la UFI N° 12 de Quilmes, procesó Raúl Federico Oviedo Amarilla;  ex secretario de gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez; por adulteración de objetos registrados (artículo 289° del Código Penal) luego de comprobar que el exfuncionarios había falsificado la numeración de un vehículo de su propiedad y colocado patentes con la misma identificación en una camioneta cuya tenencia estaba a cargo de la Municipalidad de Quilmes.
La información de este hecho fue difundida por el portal “Radar del Sur” y corroborada por este medio en la fiscalía que lleva el caso.
Todo comenzó cuando personal policial observó en la vivienda de Oviedo –ubicada en el barrio de La Cañada- la presencia de dos vehículos portando el mismo número de chapa patente. Se trataba de un Chevrolet Agile y una camioneta S10 de la misma marca. Ambas poseían la identificación LLR 409.
La irregularidad motivó que los funcionarios policiales golpearan la puerta de la vivienda. Allí Oviedo indicó que el Chevrolet Agile era de su propiedad y que la Chevrolet S10 era de la Municipalidad de Quilmes, y  “le había colocado mismas chapas patente que su auto, porque la camioneta no tenía documentación”.
En realidad el utilitario pertenece a una empresa aceitera que se encuentra en proceso judicial de quiebra, cuyos bienes fueron entregados “en tutela” a la Municipalidad de Quilmes por orden judicial.
Oviedo, en lugar de resguardar el bien; lo utilizaba como si fuera de su propiedad y luego de perder su cargo; se lo llevó a su casa donde concretó la maniobra de adulteración de números.
Pero no fue el único acto delictual que se le imputa. El personal policial comprobó también que el Chevrolet Agile, del cual el ex funcionario dijo ser propietario; también tenía el número de chasis adulterado.
Según los policías que intervinieron en la constatación; el número de chasis estaba realizado con cuños no originales de fábrica, y habían sido gravados luego de borrar el original con una  amoladora u otra herramienta; en una maniobra intencional con el fin de  adulterarlo.
Ahora la fiscalía investiga también la procedencia del automóvil del cual Oviedo dijo ser propietario, situación que podría agravar su proceso penal en el caso de comprobarse que el mismo fue hurtado o robado.
Oviedo Amarilla es desde hace muchos años, la mano derecha de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez. Fue su chofer y asistente personal en la Unión Obrera Metalúrgica y el apoderado legal del Partido Polo Social que el ex intendente fundara en 2002.
Durante los 8 años de la intendencia de Gutiérrez se desempeñó como secretario de Gobierno, mientras estudiaba la carrera de abogado en la Universidad Católica de Bernal.
El delito por el cual se lo investiga tiene una pena de uno a seis años, lo que permitió la excarcelación del ex funcionario.
Como se recordará en mayo de éste año la Auditoría Municipal denunció el faltante de 19 vehículos de propiedad o a custodia de la comuna de Quilmes, que figuraban en los registros municipales pero no habían sido localizados.
Luego de este informe el “gutierrismo” salió con los tapones de punta contra la gestión deMartiniano Molina, negando todos los hechos y acusando una supuesta “persecución política”.
Este medio pudo saber que –luego de la feria judicial- las autoridades municipales se presentarán ante la fiscalía de Gastón Zivec para aportar la documentación obrante en a comuna y solicitar la entrega de la camioneta.

miércoles, 6 de abril de 2016

Después de irse, siguieron robando: Aparecieron 3 camiones de alumbrado hurtados por funcionarios “gutierristas”

Un funcionario de la subsecretaría de Alumbrado Público encontró tres camiones pertenecientes al Municipio que habían sido hurtados por ex integrantes de esa dependencia durante la gestión de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez y que trabajaban para la Municipalidad de La Matanza.
Los camiones formaban parte de una empresa que estos funcionarios habían formado y fue contratada por la intendenta de La Matanza, Virginia Magario; en una sospechosa operación seguramente gestionada por vinculaciones políticas.
El hallazgo –según pudo saber este medio- se concretó gracias a la colaboración de un trabajador municipal que conocía la maniobra gestada por sus ex jefes.
Como se recordará en su discurso de apertura de sesiones, el intendente Martiniano Mollina; denunció que había 21 vehículos patrimoniados cuyo destino se ingnoraba.
Tres de estos veintiuno eras los camiones de alumbrado que estaban a la tutela del ex subsecretario, Jorge Barrionuevo; a quien hoy se señala como el gestor de la empresa contratista que logró prestar servicios en La Matanza.
Si bien los funcionarios de la actual gestión están al tanto de esta situación, en el gobierno se evalúan los pasos a seguir y toma cuerpo la posibilidad de una denuncia penal contra los autores del hurto.
Pero la responsabilidad no es sólo de los ex funcionarios: Las autoridades de La Matanza son co-responsables del delito; al contratar camiones cuya propiedad registral esta a nombre de la Municipalidad de Quilmes y que además, no podrían haberse asegurado para transitar sin la tramitación correspondiente a cargo de la comuna quilmeña.
No es la primera vez que el nombre de Jorge Barrionuevo aparece ligado a un escándalo judicial: Antes de asumir fue procesado por la justicia por el delito de usurpación de la vivienda que habitaba, aunque luego fue sobreseido. Pesa también una denuncia de la empresa MOR S.A. por manipular cableado eléctrico de la empresa EDESUR sin autorización; y hay comentarios señalando que en el pasado, fue echado de esta empresa por haber robado cables.
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viernes, 18 de septiembre de 2015

UN NUEVO ESCANDALO DE CORRUPCION DE GUTIERREZ

DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR

El gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez contrató por más de 20 millones de pesos la adquisición de elementos para el área de Medio Ambiente con una empresa integrada por la misma funcionaria que debe aprobar las compras, y cuyos productos se ignora si han llegado a las dependencias municipales, o si como ocurrió en otras ocasiones; son simples “dibujos” para justificar la salida del dinero público.
La doctora Mariana Alejanda Marquez (DNI 24.064.753) es Subsecretaria de Control y Regulación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente. Reporta políticamente a David Gutiérrez; el Secretario Privado del intendente, candidato a primer concejal por el Frente para la Victoria y sobrino del jefe comunal.
Pero a su vez la doctora Marquez forma parte de la empresa CORVIAL S.A; tal como puede observarse en la página oficial de la firma
En enero de este año obtuvo el ascenso a subsecretaria merced al Decreto 0216/15 que lleva la firma del jefe comunal.
Se trata de una empleada municipal de carrera que ingresó como “Administrativa Clase III” durante la gestión del ex intendente Federico Scarabino.
Su vida cambió, y mucho desde entonces: De la modesta vivienda que ocupaba en la calle 839 de Solano; desde hace poco tiempo ahora adquirió un semipiso en Bernal, ha recorrido el mundo y cambia constantemente de automóviles.
La funcionaria-empresaria es quien –con total impunidad- recibe de la empresa en la que trabaja las cotizaciones para las compras que ella misma debe autorizar en su cargo.
Durante este año algunos medios de la ciudad dieron cuenta de la compra por parte de la comuna de unos tachos de residuos de plástico –no homologados- que además no tenían tratamiento ignífugo.
Esos tachos fueron comprados a CORVIAL S.A y armados por personal municipal para bajar los costos, aunque en la facturación de la empresa aparecían completos.
En las imágenes que ilustran esta nota pueden verse mail enviados a Marquez desde CORVIAL y cotizaciones de diversos productos que luego la comuna adquirió. En todos los casos la destinataria es la misma funcionaria que conforma la empresa.
El mail esta firmado por Lorena Basislisco; quien aparece en la página web donde Marquez figura.
LAS MISMAS VIEJAS MAÑAS
La metodología utilizada es la misma que el gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez ha puesto en práctica en otras ocasiones. La llamada “Causa de las Cooperativas” en poder del juez federal de Quilmes;Luis Armella; esta plagada de casos similares donde funcionarios de la gestión, presidían o integraban las cooperativas beneficiadas con trabajos municipales por decenas de millones de pesos.
Otro de los casos –revelado por éste medio- es las millonarias adquisiciones a una imprenta conformada por familiares de David Gutiérrez para la impresión del pasquín oficial “La Hoja”, que funciona en un galpón propiedad de otra funcionaria de su área: Claudia Tella. (verhttp://corrupcionenquilmes.blogspot.com.ar/2014/07/la-justicia-comenzo-investigar-otra.html )
Varios concejales de la oposición presentaron la denuncia penal sobre el tema, que tuvo pequeñas actuaciones por parte del fiscal Sebastián Videla.
También revelamos una metodología similar en la contratación de una empresa –CALATOX- para tareas de repavimentación que se “dibujaban” a través de las cooperativas del plan Argentina Trabaja (http://www.latecla.info/3/nota_1.php?noticia_id=60034 ) ; o la contratación de micros escolares –propiedad del Director de Tránsito Pedro Guevara- por medio de una “empresa” propiedad de su concuñado, cuyas facturas estaba todas emitidas a la Municipalidad de Quilmes.
SOBREPRECIOS

En las cotizaciones enviadas por CORVIAL S.A. a su empleada –pero en su carácter de funcionaria- puede verse también los sobreprecios en los productos ofrecidos.
La cotización 4593/15 del 3 de agosto ofrece 6  pala y retroexcavadora ASTARSA 868 por un valor unitario de 1.050.000 pesos; totalizando los 6.300.000 de pesos.
Una simple recorrida por las páginas de Internet sobre el rubro, muestran que el valor de este elemento se encuentra entre los 800 y 850 mil pesos.
Lo mismo ocurre con la barredora-aspiradora que CORVIAL S.A ofrece a un valor de 2.200.000 pesos;(Cotización 4594/15)  cuando su valor de mercado es de 1.500.000 pesos.
La trampa es que CORVIAL ofrece estas máquinas con su marca, aunque se trata de productos armados con elementos de otras empresas reconocidas en el rubro.
UN DELITO CON PENA DE HASTA 6 AÑOS
El artículo 265° del Código Penal indica que  “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.
Como puede observarse, la conducta de Mariana Alejandra Marquez encuadra perfectamente en la conducta ilegal a la que se refiere el Código.
Pero queda claro que Marquez no es –por si sola- quien se beneficia con la jugosas adquisiciones a la empresa que integra y a su vez contrata. La lujosa vida de su jefe político, David Gutiérrez; es una muestra acabada del ascenso social que puede generar el uso indebido de los dineros públicos.

miércoles, 24 de junio de 2015

EL GOBIERNO DE GUTIERREZ SE ROBA HASTA LA NAFTA

Según el boletín oficial de junio, los móviles de la Patrulla Urbana consumieron casi 14 millones de litros de combustible en poco más de un mes a través de un contrato sin licitación pública.
El intendente de Quilmes, Francisco “Ali Barba”  Gutiérrez es protagonista de un verdadero escándalo, al trascender un decreto que firmó para el pago de casi 14 millones de litros de combustible, cargados -en poco más de un mes- por móviles de la Patrulla Urbana en una estación de servicio que no es de YPF, lo que generó aún más indignación, incluso en sus propias filas.
En el Boletín Oficial Municipal del 1º de junio, se notifica la orden que impartió el Jefe Comunal el pasado 20 de mayo, a través de la cual se beneficia a una empresa (Quitralcom) que administra la estación de servicio ubicada en la esquina de Lavalle y Garibaldi, donde se comercializan combustibles de la multinacional Shell.
El decreto N° 2409 convalida el pago de "13.857.695 litros de combustible consumidos por las unidades de la Dirección De Patrulla Urbana, entre los días el 14/02/2015 al 20/03/2015", una cantidad desmesurada para ese periodo de tiempo.
La disposición de Gutiérrez vuelve a  mostrar el carácter corrupto de su gobierno y desató severas críticas hasta de sectores kirchneristas, por contratar "sin licitación pública" la compra de combustibles "a precio más caro", en una petrolera que no es de bandera nacional.
Hace dos meses atrás los oficiales a cargo del CPC le dijeron a un grupo de vecinos que reclamaban por seguridad, que el gobierno municipal no les enviaba dinero para el combustible ni para los repuestos de los móviles rotos.
"La relación contractual entre Quitralcom y el Municipio de Quilmes carece completamente de transparencia, no me caben dudas de que hay maniobras sospechosas detrás de todo esto", expresó el concejal Gustavo Filareti.
"Esta es una contradicción más del intendente Gutiérrez. Se llena la boca hablando de la estatización del servicio de recolección de residuos y después compra nafta en una multinacional que vende más caro que YPF", agregó el legislador local.

Cabe recordar que, en el año 2013, el Concejo Deliberante de Quilmes aprobó por unanimidad, es decir con apoyo de ediles "gutierristas", un proyecto de Resolución que insta al Ejecutivo Municipal a comprar los combustibles, utilizados por su flota de vehículos oficiales, en estaciones de servicio pertenecientes a la firma nacional.

miércoles, 18 de marzo de 2015

FUNCIONARIOS DE GUTIERREZ LE ROBAN A LOS ABUELOS DEL GARIATRICO MUNICIPAL

En el año 2010 este medio investigó y demostró que los funcionarios del geriátrico municipal “Ave Fenix” le robaban a los abuelos allí internados sus haberes jubilatorios y/o utilizaban sus cuentas para sacar extensiones de tarjetas de crédito.
Nuestra denuncia generó un escándalo de proporciones que fue reflejado por muchos medios nacionales. Ver http://blogsdelagente.com/vecinosdequilmes/2010/10/15/quilmes-mas-corrupcion-y-silencio-en-el-%E2%80%9Cave-fenix%E2%80%9D/ ; 
A cinco años de aquellos hechos, la situación se repite, como se repiten los funcionarios a quien –por entonces- se anunció serían desplazados de su cargo
La imagen que vemos corresponde a un crédito por 9.271 pesos otorgado el 14 de febrero de 2014 por el Banco Superville –sucursal Quilmes Oeste- a Arturo Sosa, un abuelo que no puede hablar, que perdió su capacidad motriz y no sabe leer ni escribir. Allí cobra sus haberes jubilatorios acompañado por una funcionaria del gobierno de Francisco “Ali Barba” Gutiérrez.
Sosa estuvo internado hasta hace un mes en el Hogar Ave Fenix, ubicado en Lamadrid 820 de Quilmes, dirección que figura en el detalle de rendición emitido por la institución bancaria.
No es el único crédito del cual Sosa fue beneficiado. Unos meses antes -el 6 de agosto del 2013- el mismo banco le otorgó una suma de 5.211 pesos a pagar en 36 cuotas.
En diciembre del año pasado el sobrino de Sosa, Carlos Adamo; denunció en este medio la situación de su tío http://quilmes-ahora.blogspot.com.ar/search?updated-max=2014-12-08T14:10:00-08:00&max-results=7&start=21&by-date=false . Desde entonces viene pidiendo infructuosamente reuniones con el intendente Gutiérrez para esclarecer lo ocurrido con su tio. Nadie le dio explicaciones. Hace un mes pudo retirar a Sosa del hogar pese a la tenaz resistencia de la directora, Sofia Sackler; la misma a quien los empleados del “Ave Fenix” habían responsabilizado hace 5 años de sustraerle el dinero a los abuelos.
Ese día se encontró con el Director de Tercera Edad, Armando Rivero; quien apenas le dirigió alguna palabra y fingió estas descompuesto cuando Adamo le pidió explicaciones por las lamentables condiciones en que estaba su tío y por el dinero de su jubilación.

MI TIO COMIDA FIDEOS Y NO TENIA NI PARA EL MATE”

Carlos Adamo dialogó con el programa “SIN VUELTAS” (FM MIA 88,5) sobre lo ocurrido.
“A mi tio le compraron 2 camisetas y 4 calzoncillos. No tenía ni para cigarrillos ni para el mate. Pese a cobrar unos 3 mil pesos de jubilación, se vestiá con la ropa que yo le llevaba. Cuando le pregunte a esta señora Sofía por el dinero de mi tío; no me dio respuesta, cuando le pregunté por el crédito que le habían sacado, me dijo que compraron una silla de ruedas, que a lo sumo vale 2 mil pesos” –indico Adamo
El sobrino de Sosa se llevó a su tío del hogar con esa silla de ruedas y una bolsa conteniendo 2 calzoncillos.“Dejamos la ropa porque estaba toda rota, toda sucia….la verdad tendría que habermela llevado para quemarla” –agregó.

LA COMPLICIDAD SE REPITE


Hace 5 años varios trabajadores del hogar “Ave Fenix” denunciaron los robos a los abuelos. Este medio comprobó entonces que Sofia Sackler y Gabriela Oliva eran las responsables de llevar a cobrar a los internos la jubilación y administrarle su dinero. Oliva reconoció haber sacado dos aparatos NEXTEL con la tarjeta de crédito del interno Crecencio Ayala. En otro diálogo telefónico en nuestro programa radial, el jefe de departamento del geriátrico municipal, Juan Carlos Galli, reconoció que “estamos viendo la forma de dar de baja la tarjeta porque la vez pasada llamaron de NEXTEL por ser poseedor, y el abuelo no está en condiciones de tener un NEXTEL, que además no tiene”.
Pese a todos los elementos no se sancionó a ningún funcionario. La responsable del área, Cecilia Tanoni; quien todavía sigue concentrando las funciones sobre el geriátrico, anunció ante el escándalo, la iniciación de un sumario administrativo. Lejos de eso apretó e intimidó a los trabajadores que habían dialogado con nuestro medio, denunciando lo ocurrido.
También prometió el desplazamiento de Sackler y Oliva; quienes a los pocos meses volvieron al hogar y las andadas.

DENUNCIA PENAL

Carlos Adamo –tío de Sosa, indicó esta mañana que efectuará una denuncia penal para esclarecer el tema.“Quiero que vean las condiciones en que esta mi tío, quiero que la justicia determine si una persona que no habla, no se mueve y pone el dedo porque no sabe firmar; puede pedir créditos. Quiero que los responsables del hogar me digan que hicieron con la plata de mi tío, porque solamente me dieron dos facturas por 2 camisetas y 4 calzoncillos y otra por 32 sandwiches de miga”

EL MUNICIPIO OSCURECE EN LUGAR DE ACLARAR

Luego de la difusión en distintos medios nacionales y locales del escándalo por el robo de dinero a un abuelo internado en el geriátrico municipal, Ave Fenix; la secretaria de Educación e Igualdad de Género de la Municipalidad de Quilmes, Cecilia Tanonni, salió a desmentir las duras acusaciones respecto a los hechos delictivos denunciados por Carlos Adamo, el sobrino de la víctima.
Como ocurriera en el 2010, cuando demostramos que los funcionarios del hogar se quedaban con el dinero de las jubilaciones y utilizaban a loa abuelos para sacar tarjetas de crédito en beneficio propio; Tanonni volvió a oscurecer más que aclarar.
Según la funcionaria, el abuelo Arturo Sosa, fue quien sacó y usufructuó los dos créditos por un total de 15 mil pesos, que todavía esta pagando.
La explicación –para nada satisfactoria- dice que con ese dinero Arturo Sosa se compró una silla de ruedas y un televisor.
Sosa es una persona que apenas si puede hablar, esta en silla de ruedas, tiene problemas neurológicos y firma con su dedo pulgar.
Para la cómplice Tanonni estos no son impedimentos para obtener un crédito en una institución bancaria.
El sobrino de Sosa declaró ante los medios que –al retirarlo del Hogar- le dieron una silla de ruedas y algo de ropa sucia y rota. Consultado nuevamente señaló que nadie le habló de un televisor y mucho menos se lo dieron.
Con 10 mil pesos una persona puede comprar un Smart TV de 42 pulgadas con control de movimiento y control de voz. Además de ver televisión, puede conectarse a Internet. Una sofisticación para alguien que no sabe leer ni escribir y mucho menos manejar un simple control remoto.
Adamo adelantó que concurrirá al hogar a pedir el televisor que supuestamente se compró el tio.
Lo mismo ocurre con la silla de ruedas que Tanonni dice haber comprado Sosa con el crédito. En principio la funcionaria debería explicar como el municipio no provee a un anciano internado en un hogar municipal de este vital elemento. No lo hace, como tampoco explica que pasó con el resto del dinero.
La silla de ruedas que posee Sosa tiene un valor en una ortopedia de Quilmes de 2.300 pesos. ¿Dónde están los otros 2.700?.

De cualquier manera Tanonni y el resto de los funcionarios, tendrán la oportunidad de ampliar estas aclaraciones ante el fiscal penal encargado de investigar los hechos denunciados