En la causa Gutiérrez fue procesado el fallecido juez Claudio Bonadío, hace más de dos años junto a los jefes comunales Juan Enrique Orellana, de Famaillá, Tucumán; Francisco Durañona y Vedia, de San Antonio de Areco, y Carlos Racciatti, de Lezama. En 2019 los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron ese procesamiento y señalaron en el fallo que la maniobra realizada por los funcionarios “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales”.
En la a causa se investiga el desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios.
De esta manera la causa deberá ser elevada a juicio oral en los próximos meses.
Gutiérrez había pedido un subsidio millonario al Estado Nacional para construir en los terrenos de la ex quema municipal, una suerte de estación de reciclado de residuos con el objetivo de finalizar la medida cautelar que le impedía arrojar basura en ese predio, clausurado por el Juzgado Federal de Quilmes.
Sin embargo -fuera de la faraónica maqueta – jamás se puso un ladrillo ni una chapa al tiempo que el dinero se malversó hacia otros destinos y/o se licuó por la inflación.
Gutiérrez enfrenta además otro procesamiento junto a directivos de la UOM nacional por lavado de dinero y administración fraudulenta y es investigado por el juez federal de Quilmes en la llamada “Causa Cooperativas” donde 5 de sus ex secretarios se encuentras procesados
